Los trabajadores de
Página/12, al mismo tiempo que exigimos al Grupo Octubre que pague el aumento
de sueldo que adeuda desde mayo, denunciamos y repudiamos las presiones del
gobierno de Mauricio Macri contra el diario, en clara represalia por su línea
editorial y sus contenidos.
El domingo 27 de
agosto, en un artículo de Horacio Verbitsky, se informó sobre 132 millones de dólares blanqueados por familiares, amigos y socios del presidente y sus funcionarios. Cinco días después, en un programa vinculado al aparato de
inteligencia estatal, su conductor informó sobre la preocupación oficial por
las filtraciones que hicieron posible la nota y, sin poder explicar el vínculo
entre ambos temas (“parece todo una serie de casualidades”, balbuceó), anunció
que “el gobierno tiene la decisión política de ir contra las mafias sindicales”
y “sueña con esta imagen”, en referencia a una hipotética detención de Víctor
Santa María, director del Grupo Octubre, propietario desde el año pasado de
Editorial La Página
SA. “Esto va a explotar el lunes”, anunció el conductor,
anticipando burdamente la campaña de los alfiles políticos, judiciales y de
prensa de la alianza Cambiemos, que de hecho continuó el martes con un
editorial del diario La
Nación.
Como el propio
Verbitsky informó el último domingo, la operación en curso “constituye una amenaza abierta a la libertad de buscar y difundir información de interés público” por parte de quienes hacemos Página/12, que somos los verdaderos
destinatarios y el fin último de una cruzada tendiente a silenciarnos y
dejarnos en la calle.
La decisión
política del gobierno de Cambiemos, que uno de sus muchos operadores en los
medios vinculó directamente con las notas sobre el patrimonio de funcionarios y
testaferros, es una clara respuesta a coberturas que desnudan políticas
regresivas en todos los órdenes y ponen en evidencia la manipulación de la
información por parte del Poder Ejecutivo y sus voceros, ya sea con temas que
la gran prensa silenció históricamente como la complicidad civil con el
terrorismo de Estado o la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la
dictadura, o con los atropellos a los derechos humanos del presente, como la
represión policial, la criminalización de la protesta social o la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
La defensa de Santa
María ante las acusaciones instaladas desde el gobierno y ante eventuales
imputaciones judiciales corre por su cuenta. Lo que los trabajadores de
Página/12 denunciamos y repudiamos, sin dejar de reclamarle al Grupo Octubre que cumpla con su obligación de garantizar
salarios y condiciones de trabajo dignas, es la perversa maniobra para
silenciarnos del gobierno que encabeza Mauricio Macri, a quien pedimos que aprenda
a respetar a todas las voces que garantizamos el derecho a la información de la
sociedad.
Asamblea de
Trabajadores de Página/12, 7 de septiembre de 2017
