La conducción de Página/12 decidió profundizar su política de disciplinamiento hacia las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario. En represalia por la denuncia de su estrategia antisindical, por la que premia a quienes incumplen las decisiones votadas en asamblea y castiga a quienes las respetamos, la empresa que encabeza Víctor Santa María –titular del Suterh y secretario de Estadísticas y Registros de la CGT– anunció que en adelante descontará los días de huelga, decisión que contraría la prédica histórica del diario y el discurso público de su propietario y sus directivxs.
La respuesta del Grupo Octubre ante las medidas para enfrentar la brutal licuación salarial sobre la que informamos todos los días (excepto en el caso de prensa, claro) consiste en pagar aumentos individuales y selectivos, fundados en la conducta gremial de cada trabajador/a. Esa decisión se vehiculiza por medio de su dirección periodística y administrativa, con el claro objetivo de dividir al colectivo y debilitar nuestra organización gremial.
En esa línea, la novedad es la decisión de Santa María de descontar el día “a todo aquel que adhiera a medidas de acción directa”, actitud que el diario cuestiona paradójicamente desde sus páginas. “El ejercicio de dicho derecho trae aparejado la pérdida del cobro del salario”, explica la notificación enviada por el empresario y sindicalista, que en el pasado supo ufanarse de no aplicar ese castigo puertas adentro. Agrega que la poda salarial es “perfectamente lícita” y sugiere que la empresa espera la resolución de la paritaria, de la que se desentiende como si no integrara AEDBA, cámara que en una docena de audiencias en la Secretaría de Trabajo no ofreció más que vales de supermercados.
La decisión del Grupo Octubre no sólo violenta el derecho a la protesta y a la huelga, también va en contra de los posicionamientos históricos de un diario que nació con la recuperación democrática y que hizo de los Derechos Humanos, la defensa de los sectores más desposeídos y las reivindicaciones por la igualdad de género su principal compromiso periodístico.
Ni “legal” ni “lícito” son lo mismo que legítimo. Las leyes, lo hemos visto en nuestro hacer cotidiano desde hace 36 años, se modifican al ritmo de las luchas populares, que las denuncian justamente como ilegítimas. Ni las leyes de impunidad, ni la criminalización del aborto, ni los edictos policiales eran ilegales en determinados momentos.